Sigo en mi cruzada de apoyo a los bagayeros, esta vez contra la vergonzosa nota del militante Francisco Sotelo, cuyas palabras en defensa de la opresión y el corte de ruta y el robo que hace el estado argentino, pueden leer aquí:
http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-6-8-0-0-0-el-norte-tambien-existe-y-esta-que-arde
Sr Francisco Sotelo, indudablemente usted de economía entiende poco y nada. Le mando un par de lecciones: De ninguna manera es la economía en negro lo que "genera día a día más miseria", como dice usted. El responsable de la miseria y la falta de trabajo es el ESTADO, que castiga al que trabaja o invierte con impuestos impagables y regulaciones incumplibles, todo para mantener a unos cuantos vagos e inútiles o financiar la falsa gratuidad de los ineficientes servicios públicos. El resultado es que nadie trabaja, y mucho menos nadie invierte ni da trabajo. Eso es economía básica. Y con respecto al todos los cantos a la "legalidad", quiero recordarle a usted y a todos los payasos que se llenan la boca hablando de la ley, que la constitución nacional castiga con la pena a los INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA a todos los que dicten, consientan o hagan cumplir normas por las que la vida o la fortuna de los argentinos queden a merced de la decisión de una sola persona. El código aduanero, decreto-ley emanado del estatuto del Proceso, firmado por Videla y Martínez de Hoz, delega en el presidente la facultad de crear y suprimir impuestos aduaneros, y dictar a la dedo lo que se puede y lo que no se puede importar o exportar. Esto, contrariamente al art 17 que reza "sólo el CONGRESO impone las contribuciones", y al mismo artículo 99 que prohíbe expresamente al ejecutivo dictar decretos en materia tributaria. Ni hablar de los ilegales decomisos de mercadería, cuando la constitución inequívocamente los prohíbe, asegurando a todos los habitantes de la nación el derecho a usar y disponer de su propiedad, y garantizando que el estado sólo puede privarlo de ese derecho mediante SENTENCIA, es decir, decisión judicial luego de un proceso contencioso en el que se asegura la defensa del acusado. Por último, le recomiendo que estudie un poco más antes de defender a esta banda de ladrones organizados que operan desde el estado, y defenestrar a gente que vive honestamente de su propio trabajo, sin perjudicar a terceros (en todo caso benefician a la economía), como lo son los bagayeros y los patrones. Usted defiende vergonzosamente el apriete mafioso a la competencia por parte de los anunciantes de el diario que lo emplea.
http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-6-8-0-0-0-el-norte-tambien-existe-y-esta-que-arde
Sr Francisco Sotelo, indudablemente usted de economía entiende poco y nada. Le mando un par de lecciones: De ninguna manera es la economía en negro lo que "genera día a día más miseria", como dice usted. El responsable de la miseria y la falta de trabajo es el ESTADO, que castiga al que trabaja o invierte con impuestos impagables y regulaciones incumplibles, todo para mantener a unos cuantos vagos e inútiles o financiar la falsa gratuidad de los ineficientes servicios públicos. El resultado es que nadie trabaja, y mucho menos nadie invierte ni da trabajo. Eso es economía básica. Y con respecto al todos los cantos a la "legalidad", quiero recordarle a usted y a todos los payasos que se llenan la boca hablando de la ley, que la constitución nacional castiga con la pena a los INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA a todos los que dicten, consientan o hagan cumplir normas por las que la vida o la fortuna de los argentinos queden a merced de la decisión de una sola persona. El código aduanero, decreto-ley emanado del estatuto del Proceso, firmado por Videla y Martínez de Hoz, delega en el presidente la facultad de crear y suprimir impuestos aduaneros, y dictar a la dedo lo que se puede y lo que no se puede importar o exportar. Esto, contrariamente al art 17 que reza "sólo el CONGRESO impone las contribuciones", y al mismo artículo 99 que prohíbe expresamente al ejecutivo dictar decretos en materia tributaria. Ni hablar de los ilegales decomisos de mercadería, cuando la constitución inequívocamente los prohíbe, asegurando a todos los habitantes de la nación el derecho a usar y disponer de su propiedad, y garantizando que el estado sólo puede privarlo de ese derecho mediante SENTENCIA, es decir, decisión judicial luego de un proceso contencioso en el que se asegura la defensa del acusado. Por último, le recomiendo que estudie un poco más antes de defender a esta banda de ladrones organizados que operan desde el estado, y defenestrar a gente que vive honestamente de su propio trabajo, sin perjudicar a terceros (en todo caso benefician a la economía), como lo son los bagayeros y los patrones. Usted defiende vergonzosamente el apriete mafioso a la competencia por parte de los anunciantes de el diario que lo emplea.
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